Muchos emprendedores cuando quieren crear una empresa tienen un gran temor a que les roben la idea. Para ello, uno de los principales pasos a dar es firmar un contrato de confidencialidad con los empleados y socios y, después, registrar la propiedad intelectual. Cuando la idea se ha madurado y termina convirtiéndose en un proyecto innovador y se quiere patentar, uno de los escollos para las empresas españolas cuando el producto se lanza a nivel internacional es la batalla lingüística. Del total de patentes registradas en la Unión Europea en 2009, solo el 1,26% pertenecieron a empresas españolas, frente al 41% de las alemanas. Nos ganan la batalla aquellos países que no dejan de inventar. Hay que tener en cuenta los elevados costes que supone la traducción en varios idiomas para que una patente pueda tener proyección internacional. De los 18.000 euros que cuesta una patente aprobada en 13 países miembros, 10.000 euros corresponden únicamente a gastos de traducción, de forma que una patente en la UE es diez veces más cara que una estadounidense, que cuesta unos 1.850 euros. Por ello, la mayoría de empresas inventoras solo patentan sus creaciones en un número muy limitado de países.

Bruselas está empeñada desde hace años en alcanzar una patente común que ahorre costes y permita impulsar la innovación tecnológica. Las pymes no necesitamos traductores para innovar, sino un marco legal que no nos obligue a malgastar nuestros ajustados presupuestos en contratar abogados y traductores de cada país de la UE. Muchas pymes españolas desarrollan innovaciones de su propia creación, pero no tantas las protegen mediante su registro en forma de patente, que garantiza sus derechos a través de la Propiedad Industrial. Además, también es importante que todos los empleados estén al tanto de lo que se está haciendo en esta materia y se impliquen en la protección del conocimiento de la empresa.

Por ello, es fundamental que las pymes innovadoras nunca anuncien los productos o marcas antes de registrarlos, elaboren un dossier del uso de la marca, dispongan de un documento que ofrezca pautas a los empleados sobre cómo proteger el conocimiento en la empresa o establezcan acuerdos por escrito que recojan las particularidades relativas a los derechos derivados de la propiedad industrial.